Luís A. Asanza G.

Especialista de Relaciones Internacionales

“Ver con calma un crimen es cometerlo.” José Martí  

El Ecuador es actualmente uno de los productores de petróleo y energía eléctrica más relevantes de la región y mantiene una política de subsidios que lo vuelven atractivo para el tráfico ilícito de hidrocarburos, contrabando (exportación ilegal) de Gas Licuado de Petróleo y el consumo ilegal (conexiones ilícitas o no registradas) de energía eléctrica.  

En conjunto a ello, actualmente en el país existen diversas amenazas que atentan no solo a los recursos hidrocarburíferos del país, sino que buscan utilizar y beneficiarse de manera ilícita de la energía que se produce en el territorio nacional. De la misma manera, la cadena de comercialización de recursos energéticos en el país abastece a los consumidores lícitos como ilícitos (consumidores que desvían recursos energéticos para fines ilícitos o sustento de actividades ilícitas).  

En ese contexto la problemática del tráfico ilícito de hidrocarburos se debe principalmente a los factores de tipo social, económico, de seguridad, de control y regulación en las zonas de frontera como son: el bajo nivel socioeconómico, las políticas de subsidios, economías de sustento, limitados recursos logísticos para seguridad y control, asignación de cupos bajo parámetros no reales, deficiente registro de ventas y falta de control al usuario final, lo que conlleva a una naturalización del delito, economías ilegales, perjuicios económicos al Estado y dinamización del tráfico ilícito de drogas.

A la par, la explotación ilegal de los recursos naturales ocasiona en el país graves problemas en los procesos de explotación, producción y comercialización de sus recursos hidrocarburíferos, que generan pérdidas económicas y ambientales al Estado ecuatoriano, debido principalmente a:  la dinámica de la  minería ilegal a gran escala y la tala de bosques, que requieren del abastecimiento hidrocarburos, para el funcionamiento de maquinarias pesadas; la salida ilegal de combustibles por las fronteras del Ecuador debido a la diferencia de los precios internacionales que han sido históricamente más elevados en los países vecinos, lo cual genera ingresos económicos bastante rentables para los delincuentes; y, el narcotráfico que requiere de los Combustible Líquido Derivado de Hidrocarburos para la logística y el procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización. 

Por lo tanto, es pertinente detallar que los delitos hidrocarburíferos en el Ecuador, por lo general son uno de los delitos conexos al narcotráfico. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019- 2030 señala que:

“...en el Ecuador, los combustibles subsidiados son objeto de contrabando por la complejidad de un control efectivo, lo que desemboca en un problema social, principalmente para los pobladores de zonas de frontera, quienes sufren desabastecimientos constantes.
Este tipo de contrabando tiene varios efectos negativos, dentro de los que se puede resaltar la afectación a las finanzas públicas y el detrimento de la actividad productiva formal de las zonas de frontera, a consecuencia del deterioro en la comercialización y de la falta de una adecuada distribución de los combustibles líquidos...” (Ministerio de Gobierno, 2019)

Si tomamos en cuenta que un subsidio energético se define de manera general como una “prestación pública asistencial de carácter económico (en dinero o en especie) y de duración determinada a un productor o a un consumidor de la energía”, que permita generar condiciones equitativas a través del mercado de bienes y servicios, permitiendo garantizar la satisfacción de necesidades energéticas básicas de los sectores de menores recursos a un costo razonable desde el punto de vista de su capacidad de pago (Olade, 2007, 2013).
 

Considerando los subsidios que mantiene el Estado para los hidrocarburos, al ser estos recursos no renovables, la delincuencia organizada observa una oportunidad para adquirir combustibles a un precio más beneficioso, siendo que su reventa y los desvíos que se realizan hacia actividades delictivas, siguen generando un alto retorno económico para quienes trafican de manera ilegal tanto Combustible Líquido Derivado de Hidrocarburos  como el Gas Licuado de Petróleo.

La vulnerabilidad a inmiscuirse en la comisión de delitos es alta en las poblaciones con altos índices de pobreza, subempleo, necesidades no satisfechas y con falta de atención de parte de los organismos estatales. En estos lugares por lo general el crimen se normaliza y se constituye como la fuente de ingresos más accesible.

Conjunto a ello, la peculiaridad de las provincias fronterizas del Ecuador con los países vecinos de Colombia y Perú es el diferencial cambiario de las monedas de los países citados; el tráfico ilícito de combustible ha resultado un negocio lucrativo para personas dedicadas a esta actividad, así como también una gran fuente de ingresos para organizaciones ilegales que comercializan clandestinamente estos hidrocarburos.

Por otro lado, como una de las aristas para demarcar y regular esta problemática en el año 2019 se aprobaron reformas a los artículos referentes a los delitos hidrocarburíferos del Código Orgánico Integral Penal. A breves rasgos estas reformas supusieron una reducción en las penas, por cuanto establecieron una tabla de proporcionalidad en la cual las penas no pasan de un máximo de 5 años. Esto podría allanar el camino para la reincidencia o que ciertas modalidades de delito como el “hormigueo” se extiendan y se centren en las escalas bajas de la tabla por cuanto el tiempo de pena es bajo.   

Además, se incluyó una excepcionalidad para el almacenamiento en comunidades, pueblos y nacionalidades y sus territorios, en donde no existen mecanismos accesibles de aprovisionamiento de combustible, esto podría abrir la puerta a: 1. Riesgos sociales y ambientales por no contar con espacios adecuados para el almacenamiento de combustibles y 2.  Posible permeabilidad de las estas comunidades ante traficantes de hidrocarburos que buscan obtener los combustibles de cualquier forma. 

En la sociedad existen voces y creencias que predican que la presencia de policías y militares es una condición sine qua non para que un lugar sea más seguro. Y, por lo tanto, para controlar cualquier crimen se debe aumentar la presencia de este personal donde se necesite. Sin embargo, esto está lejos de ser una realidad. La presencia de las instituciones de control formal y su acción pueden tener nula efectividad si no están acompañadas de políticas, estrategias y acciones que vinculen a todas las esferas y niveles de la sociedad. En ese sentido, para poder hacer frente a los delitos hidrocarburíferos (y todo tipo de delito) es imperante que se establezcan estrategias y procesos que busquen: 1. El establecimiento de vínculos de confianza mutua entre los organismos estatales y la sociedad; 2. Des-normalización del crimen; 3. Denuncia y sanción ante el cometimiento de los delitos; 4. Sentimientos de seguridad en las personas; 5. Mitigar la impunidad de los delitos; y 6. La prevención del cometimiento de delitos de manera integral.  

De todo lo antes expuesto, y tomando en consideración que los recursos hidrocarburíferos constituyen una de las bases de la economía y el desarrollo del país, es menester de todos los componentes de la sociedad que construir las condiciones para hacer frente a los delitos hidrocarburíferos en todas sus expresiones.

Bibliografía

Comité Nacional de Soberanía Energética. (2021). Estrategia nacional de lucha contra los delitos hidrocarburíferos, desvío ilícito y mal uso de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (CLDH), biocombustibles, sus mezclas y Gas Licuado de Petróleo (GLP).  Quito.

Ministerio de Gobierno. (08 de 2019). Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica. Obtenido de Ministerio de Gobierno: www.ministeriodegobierno.gob.ec › wp-content › uploads › 2019/08

OLADE. (2013). La tarifa social de la energía en América Latina y el Caribe. Quito.

Ríos Roca, Á., Garrón B. , M., & Cisneros G., P. (junio de 2007). Focalización de los Subsidios a los Combustibles en América Latina y El Caribe. Artículos Técnicos 

OLADE. Obtenido de http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0055.pdf