Editorial 34: ¿Es el COVID19, un justificativo del esquema PONZI?

Fátima Flores Vera

Economista y especialista en Prevención de Lavado de Activos


Desde la segunda semana de marzo de 2020, el Ecuador se paralizó al igual que el corazón de muchas vidas, incluso el de mi madre; vivir la situación que vivimos como familia, me hizo saborear muy de cerca el trago amargo y doloroso de la corrupción en los hospitales, la ausencia de espacio, de capacidad de atención y hoy que han pasado 15 meses, escuchar el caso BIG MONEY me genera un cuestionamiento: ¿Es el COVID19, un justificativo del esquema PONZI?

Son alrededor de 5 años de experiencia en prevención de lavado de activos, pero ya 20 en la detección de riesgos de evasión, e identificación de operaciones inusuales y en materia anticorrupción, en los que he llevado siempre la bandera de hacer lo correcto. Menciono esta experiencia porque en ese camino definitivamente he comprobado que el Lavado de Activos y el COVID 19 son dos pandemias muy parecidas, pues ambas se esparcen de manera rápida en el mundo, son de difícil detección, pero de fácil contagio y atacan a los sistemas más vulnerables, como son lo social, lo económico y por consiguiente la salud.


Cuando estábamos abril de 2020, el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFILAT1, alertaba ya, sobre las posibles amenazas y/o vulnerabilidades en los sistemas Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) implementados por los diferentes actores en las distintas jurisdicciones en el mundo. “…El GAFILAT considera imperativo revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial y cerrar las puertas que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas…”2


Se identificaron por lo tanto nuevos riesgos derivados del monitoreo que este organismo había realizado en los países miembros y con la comunidad internacional, derivados de la pandemia del COVID-19, mencionando en su primer inciso:


“…Se anticipa el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas en modalidad de esquemas ponzi aprovechando la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia…“…Derivado de las necesidades económicas de la población y la falta de empleo formal e informal, producto de la inactividad económica generada por la crisis sanitaria, las organizaciones criminales podrían estar aumentando el reclutamiento de personas para apoyarlas en la ejecución de sus actividades criminales que generan recursos susceptibles a ser lavados…”

Ecuador es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, quien promueve la implementación de medidas efectivas, que permitan identificar los riesgos y aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva3 y en su recomendación 29, señala el mandato y las funciones centrales de una Unidad de Inteligencia Financiera, quien luego de la Evaluación Mutua del 2011, en el cual su calificación fue Parcialmente Cumplida4, sumó esfuerzos para implementar un Departamento de Análisis Estratégico desde Agosto de 2020; muestra de esto, fue la publicación del documento de Tipologías de Lavado de Activos – Unidad de Análisis Financiero y Económico 20205. El objetivo de esta publicación fue constituirse en un mecanismo de retroalimentación para brindar herramientas que permitan a los sujetos obligados, a las distintas entidades competentes y al público en general, conocer las diferentes formas en las que operan las organizaciones delictivas.

Durante el mes de abril del 2020, se alertó sobre la creación de pirámides financieras fraudulentas y la emisión de una guía para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo durante la pandemia.6


Un dato relevante es que, durante el 2020, sólo el 5%7 de un total de 958 casos, corresponden a requerimientos relacionados con temas de estafas, falsedad de información financiera y captación ilegal de dinero, que fueron enviados a la Fiscalía General del Estado.


Si bien la pandemia ha generado incertidumbre y desesperación por el alto índice de desempleo y la necesidad de atender la salud, esto puede llevarnos a aceptar este tipo de ofertas y no medir los riesgos asociados, por la alta rentabilidad (según los medios de comunicación el 90% de rendimiento semanal), sin embargo, luego de los datos reportados, no cabe aquí usar el término “guerra avisada no mata a soldado”.


Soy fiel creyente de que los ciudadanos aún no somos del todo consientes y responsables de la importancia de estar siempre informados y de comprender que cada vez son más los riesgos a los que estamos expuestos, de caer en redes del cual desconocemos la procedencia de los fondos y que probablemente no sólo termine perdiendo lo invertido, sino que se me vincule con organizaciones de delincuencia organizada, que busca aprovecharse del dolor ajeno, para insertar a la economía, dinero de dudosa procedencia.


El dinero fácil constituye una señal de alerta clara de un riesgo de lavado de activos, seamos agentes de cambio, denunciando este tipo de prácticas. Por mi parte continuaré en mi afán y compromiso de fortalecer la cultura de prevención.



Bibliografía 

 Informe de Gestión Enero- diciembre de 2020, UAFE 

Ley Orgánica de Prevención, Detección y erradicación del Delito de Lavado de Activos y  del Financiamiento de Delitos. 

40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI. 

Tipologías de Lavado de Activos 2020, UAFE-OEA